Desde hace casi un año, banderas naranjas cuelgan en las fachadas y balcones de las casas en Suiza. El mensaje contundente escrito en grandes letras blancas –dos manos sosteniendo cuidadosamente un globo terráqueo— dice Konzernverantwortungsinitiative: Ja! (Iniciativa para una mayor responsabilidad corporativa: ¡Sí!). Esta iniciativa fue lanzada hace tres años por importantes ONGs suizas y se votará este 29 de noviembre de 2020 para decidir sobre si incluir o no un aspecto legal que responsabilice a las empresas suizas en el extranjero en caso de que éstas vulneren los derechos humanos o la protección del medioambiente. Esto se hará mediante la exigencia de que rindan cuentas ante tribunales suizos, por ejemplo, en caso de fraude, crímenes de lesa humanidad o prácticas comerciales con efectos negativos en el medio ambiente.
¿En qué contexto se da esta iniciativa? Con el aumento del comercio mundial, algunas empresas han evitado cuestiones de reglamentación en su territorio nacional, e incluso, han llevado a cabo prácticas poco éticas en el exterior. Desde la década de 1970, la falta de regulación ha permitido la maximización de utilidades empresariales, lo cual he beneficiado enormemente a sus accionistas. Por ello, este tema es materia de discusión de todas las personas involucradas en el entorno directo e indirecto de una empresa. Así pues, la iniciativa popular suiza para la responsabilidad social empresarial (RSE) refleja la voluntad de varios grupos para que esta se convierta en una cuestión jurídico-institucional. En caso de aceptarse popularmente, esta iniciativa afectaría a alrededor de 1,500 empresas suizas multinacionales con operaciones en el extranjero. Sin embargo, las pequeñas empresas, salvo las que realizan negocios de alto riesgo (por ejemplo, el comercio de oro) no se verían afectadas.
En detalle, la iniciativa para la RSE pide que las empresas suizas con actividad internacional y sus filiales en el extranjero cumplan tres códigos de conducta y algunas normas. En primer lugar, una prueba de diligencia que tenga en cuenta las prácticas de la cadena de suministro. En segundo lugar, la presentación de informes sobre todas las actividades comerciales en el extranjero. Y, en tercer lugar, la posibilidad de adoptar medidas en Suiza que permitan a los afectados por las prácticas comerciales en el extranjero presentar denuncias sobre la base de la legislación suiza.
El principal motor de esta iniciativa es la izquierda política suiza, es decir, el partido socialdemócrata (SP/PS), el cual proclama que las empresas suizas también deben ser responsables de sus acciones en el extranjero. Después de todo, gran parte de la riqueza suiza proviene de prácticas comerciales en el extranjero. Sorprendentemente, no son pocas las voces del Partido Liberal (FDP/PLR) que también están a favor de la iniciativa, debido al sello de calidad “Swissness” que será certificado legalmente. Por lo que consistirá en productos, cadenas de producción y suministro de alta calidad. Para las empresas que ya cumplen con estas normas, la iniciativa puede ser una oportunidad para mostrar a la sociedad el valor añadido que aportan las empresas. En Europa, muchos países como Francia y el Reino Unido han desarrollado leyes similares. “En el futuro, estas leyes serán la norma”, comenta Florian Wettstein, director del departamento de Ética Empresarial de la Universidad de St. Gallen (HSG) en una entrevista con la televisión nacional suiza SRF. En este momento, Suiza podría seguir siendo una de las fuerzas pioneras en la preparación del futuro de la RSE.
¿Cuáles son los “pros” y los “contras” de la iniciativa?
La iniciativa ha sido ampliamente debatida en Suiza. Ambas partes han presentado una buena cantidad de argumentos para su postura. En cuanto a las ventajas, se exigirá a las empresas que muestren más transparencia y que modifiquen su RSE de acuerdo con normas jurídicas contemporáneas y éticas. Por otro lado, hay varios argumentos sólidos contra la iniciativa. Por ejemplo, requiere que las empresas preparen informes, ante la presunción legal de que sus acciones son éticamente irresponsables, aunque cumplan con todas las normas reglamentarias. Esta iniciativa exige la llamada “inversión de carga de la prueba”, lo cual implica que las empresas suizas, sus proveedores y filiales, tendrán que demostrar que son inocentes con la debida diligencia jurídica y, en algunos casos, se teme que éstas no tendrán la capacidad institucional de presentar tales pruebas de inocencia. Otro problema crucial al que apuntan los opositores son las dificultades de procedimiento administrativo en juicios de tribunales internacionales, y la complejidad e individualidad de los casos posibles.
Por consiguiente, el parlamento suizo ha estado debatiendo una contrapropuesta a la iniciativa, la cual estipula que todas las entidades de interés público (EIP) deberán reportar sobre temas sociales, laborales y aquéllos relacionados con el medio ambiente (incluidos los objetivos de emisiones de CO2); no obstante, deja de lado el tema de la responsabilidad legal y, en caso de infracción, el caso deberá ser tratado en los sistemas jurídicos locales, y no por el sistema jurídico suizo. Asimismo, la contrapropuesta estipula requisitos específicos para reportar información en casos ligados a extracción de minerales provenientes de zonas de conflicto y trabajo infantil. El Consejo Federal, el cual funge como el poder ejecutivo de Suiza, se ha manifestado a favor de este contraproyecto propuesto por el parlamento.
En vísperas de la votación, la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria está examinando el asunto con gran interés y se encuentra a la expectativa de la decisión. Después de todo, Suiza es el doceavo inversionista extranjero en México, por lo que en caso de que la iniciativa sea aprobada, las prácticas de presentación de informes de las empresas suizas en México se modificarán. De ser así, el Comité de Responsabilidad Social y Ética realizará una reunión sobre las nuevas normas de presentación de informes y sobre las implicaciones de carácter jurídico de dicha iniciativa.
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